MGS. ADRIANA LIZETH BAQUERO OSORIO, DIRECTORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

 

Profesional con once años de sólida trayectoria en el sector público, con amplia experiencia en gestión administrativa, financiera, logística y contratación pública. Es Ingeniera en Administración de Empresas, especialista en adquisiciones, cuenta con una maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y actualmente cursa una maestría en Contratación Pública, lo que fortalece su perfil técnico y estratégico en la gestión institucional.

 

A lo largo de su carrera ha desempeñado cargos de alta responsabilidad en instituciones de relevante impacto a nivel nacional, entre los que se destacan: Técnico y Analista de Contratación Pública en diversas entidades del Estado; Analista de Inversiones en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; Analista de Logística en el Ministerio de Economía y Finanzas; Responsable Administrativo y de Compras Públicas en la Vicepresidencia de la República; Responsable Zonal Administrativa Financiera del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública (INSPI); Jefe de Compras Públicas en la Administración Zonal Calderón del Municipio del Distrito Metropolitano de Quito; y Líder de la Gestión Administrativa del Hospital Provincial General Pablo Arturo Suárez.

 

Posee una sólida experiencia en planificación estratégica, administración de recursos humanos, materiales y financieros, contratación pública, formulación y ejecución del Plan Anual de Contratación (PAC) y del Plan Operativo Anual (POA), supervisión de procesos logísticos, control presupuestario y administración de contratos. Su gestión se distingue por un liderazgo efectivo, orientación a resultados, estricto cumplimiento normativo y un firme compromiso con la calidad y eficiencia del servicio público.

 

En su actual cargo estratégico como Directora Administrativa Financiera de esta casa de salud, orienta sus esfuerzos a la gestión eficiente y transparente de los recursos administrativos y financieros, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento institucional, apoyar la toma de decisiones mediante información oportuna y confiable, asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y presupuestarias vigentes, y contribuir de manera significativa al logro de los objetivos institucionales y al bienestar de la ciudadanía.